POR LA POSIBILIDAD DE VIVIR POLÍTICAMENTE. La participación local y comunitaria como una forma para lograrlo. 🙌

Por: Angie Stephany Sánchez López

Andrés Alfonso Pérez Peralta

Lina María Roa Cruz

Lorena Rojas Tavera

Juan Diego Rodríguez Fayad

La participación ciudadana debe pensarse desde el nivel local, puesto que, de este modo se promueve la cultura política, la conciencia cívica y el sentido de pertenencia a un territorio. Sin embargo, son muchos los desafíos y problemas que debemos resolver antes de concentrarnos en espacios como estos.  ¿Qué desafíos se presentan?¿Cómo solucionarlos?

El texto estará dividido en tres partes, en donde buscamos responder ambas preguntas. En primer lugar partimos desde cuál es el deber del Estado; la segunda, por su parte contrasta con la primera al demostrar a través de ejemplos históricos y estadísticas la realidad del Estado colombiano. Finalmente, en la tercera parte presentamos diversas propuestas o alternativas para solucionar los conflictos que se presentan en la participación ciudadana y cómo alcanzar una democracia directa.   

Y entonces ¿Cuál es el papel del Estado?

En el título I de la Constitución Política se establece que Colombia es un Estado Social de Derecho... (Const. Art 1) Y sus fines esenciales son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los derechos y deberes consagrados, además de que debe facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones económicas, políticas y administrativas que afecten sus vidas... (Const. Art 2)

Nuestro modelo de Estado Social como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia 747 de 1998 implica: “contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecer a todos las oportunidades para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales” (Asuntos Legales, 2014) 

Por lo tanto, según lo dicho por la Corte, el Estado debe asegurar a cada uno de los habitantes del país unas condiciones materiales mínimas; aunado a ello, aliviar las desigualdades  existentes combatiendo las penurias económicas y sociales de los grupos más desfavorecidos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad -mujeres, niños y niñas, afros, indígenas, adultos mayores, comunidad LGTB-, se les debe prestar asistencia y protección (Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 1992).

En síntesis un Estado Social de Derecho es aquel en donde se garantizan no solo los derechos políticos, sino también los sociales, económicos, culturales y ambientales. Esto debido a que vivir una vida política o vivir en libertad implica no estar atado por la suplencia de necesidades vitales o de asuntos que pongan en riesgo nuestra supervivencia (Arendt, pp. 55-61 ). 

Como ya lo mencionamos antes, en el artículo 2 de la Constitución un fin del Estado colombiano es facilitar la participación, esto a nivel local y nacional. Participar en la toma de decisiones implica ser ciudadano, es decir: “tomar y sentirse parte de los asuntos públicos comunitarios tanto a nivel individual -personas- como a nivel colectivo -asociaciones, entidades organizadas-” (Montes García, 2018. p. 3).

La participación ciudadana a nivel local, es para nosotros la encarnación de lo que en la antigüedad fue vivir una vida política; la posibilidad de participar en los asuntos de la polis. Por esto, consideramos que la participación a nivel local, en veredas, municipios, localidades o barrios es lo que en la actualidad se puede entender como vivir una vida política. 

En conclusión, el Estado debe velar porque todos los colombianos tengan un mínimo de subsistencia, asegurándose de proteger a los grupos más vulnerables, amparando los derechos políticos y civiles, sociales, económicos, culturales y ambientales. Lo anterior es el prerrequisito fundamental para tener la posibilidad de vivir una vida política, es decir, participar a nivel local o nacional, en las sociedades democráticas y globalizadas de hoy en día. 

¿Esto se cumple en la realidad? 

Lo que presentamos en la primera parte del trabajo, es a lo que le apunta todo Estado con dicho modelo; sin embargo, la situación en Colombia es muy distinta.

En esta segunda parte, iniciamos con un breve recorrido por la historia de Colombia desde mediados del siglo XX que retrata los problemas del país en temas de participación ciudadana, para concluir con un contraste de los elementos planteados anteriormente a partir de cuatro focos: la participación ciudadana, la educación política, la participación social y el desarrollo socio-económico. 

Nuestro recorrido empieza luego de la Hegemonía Conservadora, cuando el partido liberal volvió al poder generando una gran conmoción debido a los percances que había sufrido el país recientemente con la masacre de las bananeras y aislados casos de violencia.

Este periodo comprendido entre 1930 y 1956, evidenció públicamente las múltiples falencias en términos sociopolíticos. “El sistema bipartidista presentó problemas de corrupción y clientelismo que se agudizaron con la ola de violencia en el siglo XX.” (Álvarez. 2013 )

No obstante, este momento histórico estuvo marcado por grandes cambios que sucedieron en medio de la ola de violencia, especialmente luego del asesinato a Jorge Eliecer Gaitán como lo menciona Álvarez (2013): 

La proliferación y mantenimiento constante de los mismos partidos en el poder generó en el pueblo una sensación de impotencia, que con el paso de los años se convirtió en una gran inconformidad que debía transformarse, ya bien fuera por la vía de la democracia y demostrándolo en las urnas o por la Violencia.

La sociedad, aunque dividida, pedía a gritos un cambio que generará nuevas dinámicas políticas en las que existieran nuevas posibilidades por fuera del fracasado sistema bipartidista que sufrió grandes transformaciones con el golpe militar propinado por Gustavo Rojas Pinilla sobre el máximo líder conservador Laureano Gómez.

En relación con esta época violenta de la nación se dio la conformación del Frente Nacional, que fue una coalición entre el partido liberal y conservador, por parte de cada uno de sus líderes, Alberto Lleras Camargo del partido liberal  y del partido conservador Laureano Gómez Castro, en el año 1958, esta coalición estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternará cada cuatro años entre un presidente liberal y uno conservador.

Este pacto bipartidista contó con el apoyo de las élites políticas, económicas, sociales y de la Iglesia, pues surgió como una salida a la violencia de los años cuarenta y cincuenta y a la dictadura militar. Pero el acuerdo, además de evitar la primacía de un partido sobre el otro y la exclusión burocrática, impidió que llegaran nuevas fuerzas políticas a disputar el poder, lo que tendría consecuencias funestas.

A pesar de la paz partidista y el supuesto avance del país, para algunos sectores políticos y sociales existía un carácter excluyente en el  sistema por lo que exigieron una mayor apertura política. Uno de los grupos disidentes fue el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de Alfonso López Michelsen, quien propuso un programa reformista que, apoyado en las clases medias cambiaría la clase política. Este movimiento acogió algunos sectores como comunistas y antiguos guerrilleros liberales que participaron en política y lograron hacer cierta oposición en el Congreso. Sin embargo, el MRL dejó de hacer oposición total al Frente Nacional, por lo que la mayoría de sus integrantes regresaron al liberalismo oficial en 1967. Otro grupo disidente fue la Alianza Nacional Popular (Anapo), dirigida por el general Gustavo Rojas Pinilla, que apoyado en un discurso populista enfocado en las masas urbanas prometió mejorar las condiciones económicas y logró así un gran apoyo electoral en la contienda presidencial de 1970. En esas elecciones Rojas Pinilla, quien participaba en el turno conservador, perdió por un escaso margen ante el candidato oficialista, Misael Pastrana Borrero, en una jornada marcada por las denuncias de fraude oficial.

Estos movimientos expresaron el rechazo de grandes sectores de la población hacia el acuerdo bipartidista, el cual se quedó en el reparto burocrático, pero no en buscar un acuerdo sobre puntos fundamentales que permitieran darle solución de fondo a los problemas del país. El Frente Nacional hizo que los partidos perdieran gran parte de su identidad ideológica y se alejaran aún más de las reivindicaciones populares, lo que llevó a que el sistema político fuera perdiendo legitimidad y apoyo ciudadano, evidenciado en la creciente abstención electoral.

Las décadas de 1980 y 1990  marcaron un hito en la historia de América Latina, pues en cada uno de los países se libraban guerras civiles marcadas por la organización de los movimientos sociales mediante los cuales se buscaba una mayor independencia de ideas conservadoras que en su mayoría eran impuestas por Norteamérica- recordemos la Operación Cóndor-.

En el caso de Colombia, se da el auge del narcotráfico y grupos al margen de la ley como consecuencia de la debilidad que sufría el Estado. Es así como estos grupos mafiosos o carteles–, trataron de influir y capturar los poderes institucionales, con el fin de alcanzar sus intereses individuales.

Así se explica cómo en la historia de Colombia hubo al menos tres momentos en los cuales el narcotráfico intentó controlar o influir en la política. En un comienzo, esto se dio mediante la elección de algunos de los jefes de los carteles como representantes políticos: Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, fue elegido a comienzos de los 80’s como representante suplente a la Cámara de Representantes, y Carlos Lehder, también del Cartel de Medellín, fue elegido diputado a la Asamblea del Quindío. Posteriormente, a mediados de los 90’s, en lo que se conoció como el «Proceso 8000», se difundió la financiación del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, junto con una serie de congresistas elegidos en ese momento (Velásquez, 2010).

La fuerza -no solo armada sino de representación política- que tomaron estos actores de grupos al margen de la ley hicieron que los colombianos tuvieran temor puesto que sentían que el poder estaba monopolizado.
La gota que derramó el vaso fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán quien en 1982, en medio de una manifestación en el Parque Berrío expulsó a Pablo Escobar de su campaña argumentando que no podía tener a su lado personas que no tuvieran cómo explicar el origen de sus ingresos: sospechaba de sus nexos con el narcotráfico. Este hecho fue trascendental como una de las causas de su muerte en 1989 en una de sus campañas políticas en Soacha a manos de un sicario bajo las órdenes del Cartel de Medellín. Galán acuñó la lucha contra el narcotráfico, un delito que, como él mismo lo denunció, había llegado hasta el Congreso. (El Colombiano)

Esta ‘chispa’ fue la que se encendió en 1990 y que desencadenó en la famosa Marcha del Silencio. Lo anterior permitió que en el país se abriera paso la Séptima Papeleta, un movimiento político y social que fue gestado desde el pensamiento de estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país, que no veían un futuro promisorio ante la compleja situación de orden público motivada por el narcotráfico y el paramilitarismo, que se había consolidado.(Piñeros, El País, 2021).
Además, los estudiantes sentían que la falta de mecanismos de participación ciudadana efectivos podría estar afectando la situación del país, pues ya no bastaba una democracia representativa sino que era necesaria una democracia participativa mediante la cual los ciudadanos pudieran ejercer una democracia directa legítima. 

Así, los estudiantes coinciden que la solución era una gran reforma constitucional, pero no en el Congreso, en donde no se había aprobado, sino que debía ser el fruto de un gran diálogo nacional. Un acuerdo ciudadano por la vida. (Piñeros, El País, 2021).

Gracias a la consulta popular realizada por el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente para establecer y crear una nueva Constitución y que a través de ella se desplegarán de par en par las puertas de la participación ciudadana. La Constitución de 1991 nos llevó mucho más allá del voto popular para la elección de autoridades locales y nacionales, y nos invitó a redimensionar el ejercicio de nuestros derechos políticos. El plebiscito, la revocatoria del mandato, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y normativa, se establecieron como nuevos escenarios de la contienda política y electoral, pero también en la forma en que el pueblo puede hacer efectivo el ejercicio de su soberanía (Velásquez, 2010)

Por su parte, el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) estuvo marcado por la famosa política de “Seguridad democrática”, la cual arremetió con toda la fuerza militar en contra de los grupos guerrilleros en el territorio, sin la posibilidad de entablar un diálogo, esto hizo que las zonas más apartadas y golpeadas por la violencia fueran aún más relegadas dejándolas al control de los grupos guerrilleros (Salazar, 2010). 

Esto tuvo un impacto directo sobre la participación local, la ley ya no era impuesta por el Estado sino por los grupos guerrilleros y paramilitares, por lo que pensar en la participación ciudadana para la toma de decisiones económicas, políticas y administrativas sería ilusorio.

El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), marcado por los diálogos de paz en la Habana con las FARC dieron una luz de esperanza en temas como la participación, debido a que estos grupos saldrán de las zonas permitiendo al Estado tomar el control de las mismas otra vez, fomentando la participación (Escobar, 2018). Sin embargo, luego de la firma de los acuerdo en el 2016,  han sido muchos los obstáculos y problemas que han surgido, como por ejemplo debido a la debilidad institucional del Estado estas zonas antañas controladas por las FARC ahora son controladas por otros grupos armados -ELN, bandas locales, etc.-, algo que influencia de manera negativa la participación. 

Finalmente, el gobierno de Iván Duque (2018- 2022), aún no concluido y marcado por la pandemia, agudizó aún más los problemas de abandono estatal, lo que le dio marco de acción a las bandas criminales en las regiones apartadas, sin posibilidad de participación alguna, la crisis económica por la pandemia sólo añade otro obstáculo a la participación ciudadana en cualquiera de los niveles que esta podría presentarse.

A modo de síntesis, se puede demostrar que entre el período de la Violencia y el Frente Nacional no existía participación local legítima, fenómeno que se extendió hasta finales de la década de los 80 luego del asesinato de Luis Carlos Galán, hecho que impulsó movimientos sociales liderados por estudiantes, fomentando un cambio institucional apartir de un gran dialogo nacional dejando como resultado la reforma a la constitución en 1991 en la cual se ampara los mecanismos de participacion ciudadana - a nivel local como nacional-. 

Sin embargo, como vimos en la historia reciente del país, la promesa de la constitución no se ha cumplido a cabalidad, debido a la negligencia estatal; por lo cual podemos decir que la posibilidad de participación local y de vivir una vida política es cada vez más difícil en Colombia  :

  Hablemos de cifras 

Luego del breve recorrido histórico, en donde mostramos como hasta el momento los colombianos no han tenido posibilidad de participar en más de 100 años de historia, en esta segunda sección contrastaremos la primera parte con datos estadísticos acerca del desarrollo socio-económico, la participación ciudadana y social y la educación política y su influencia en la cultura política. 

Como se mencionó antes, el Estado tiene como objetivo primordial ofrecer oportunidades para reducir las desigualdades y las falencias materiales, sin embargo, en Colombia esto no se ha presentado. 

Comencemos mencionando el crecimiento económico en el los últimos años, desde el año 2000 hasta el 2019, las tasas de crecimiento estuvieron entre 1,4% y 6,9% (Banco Mundial) lo que nos puede dar indicios de que nuestro crecimiento en general fue muy bueno, es decir que la economía creció y por ende el bienestar en general aumento. Empero, si vemos el coeficiente de Gini que mide el nivel de desigualdad social este está entre el rango 0,65 y 0,51 (Banco Mundial). Esto demuestra que somos uno de los países con mayor desigualdad social, lo cual podemos ver en los índices de pobreza absoluta (Ver tabla 1), que en 2002 era de 49,7% y en 2017 era aún del 26,9% de la población total.

Si bien la pobreza absoluta disminuyó, aún sigue siendo una cifra alta si la comparamos con la demografía colombiana. En este orden de ideas, las cifras demuestran que el Estado en realidad no alivia las falencias materiales, esto tiene consecuencias en la participación ciudadana -en la posibilidad de vivir una vida política-, ya que como lo decía Proudhon “Los seres humanos deben comer antes de razonar”, el Estado no ha garantizado la subsistencia y por lo tanto no se le puede pedir a los ciudadanos que participen si no se les brindan unas mínimas condiciones. 

Si quisiéramos distinguir por clase económica y social la participación social no habría tampoco una diferencia significativa, no es mayor la participación en las decisiones si se tiene mejor estatus económico, ya que como veremos a continuación la educación y cultura política son hechos que influyen en la toma de decisiones. ¿Entonces cuál es la realidad de la participación ciudadana?

Tabla 1. Índice de pobreza absoluta 2002-2017

Colombia se ha caracterizado por sus bajos niveles de participación electoral -nacional y local-, siendo bien conocido que desde 1990, sólo una elección superó el 50% de participación de los ciudadanos, mientras que en las restantes elecciones la participación se mantuvo entre el 33% y el 49% (Ver tabla 2) No obstante, aunque puede ser posible observar un crecimiento de la participación entre la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aún continúa siendo preocupante entrever cómo, paulatinamente, ha ido disminuyendo el porcentaje de la participación en el país.

Tabla 2. Participación en Elecciones Presidenciales (Primera y Segunda vuelta) entre 1990 y 2014

La participación ciudadana va mucho más allá del voto, y, si bien la Constitución de 1991 le dio un lugar importante a la participación ciudadana como complemento a los sistemas de representación política, permitió la inclusión de distintas expresiones ciudadanas y creó marcos jurídicos para dialogar con la movilización social, al menos desde el punto de vista formal y legal. Se puede demostrar que el descenso de la participación ciudadana ha sido socavada por la falta de confianza en las instituciones y la baja percepción de eficacia con respecto a los mecanismos de participación ciudadana (Ver tabla 2.1)

Tabla 2.1 Porcentaje de personas de 18 años y más según valoración de algunas afirmaciones sobre participación ciudadana

Cabeceras municipales 2017

Así mismo, es importante que los ciudadanos conozcan la importancia y la función de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución Política “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (Const.  103). 

En una encuesta realizada por la Registraduría Nacional de la Nación en el año 2018, se indagó por el conocimiento, uso y efectividad de diferentes mecanismos de participación política preguntando por su conocimiento, uso y la efectividad de estos a la hora de dar solución a las problemáticas por las cuales fueron invocados (Ver tabla 2.2)

Tabla 2.2.  Conocimiento, Uso y Eficacia de los Mecanismos de Participación 

En cuanto al conocimiento de dichos mecanismos de participación convencional, los más conocidos fueron el plebiscito con un 56% de referencia por parte de los encuestados, el referendo con el 54% y la consulta popular con el 41%. Con respecto al uso de estos, el 45% referenció conocer el plebiscito, el 44% el referendo y el 36% la consulta popular. Con relación a la eficacia de los mecanismos de participación popular, el 66% manifestó que el mecanismo más efectivo era el cabildo abierto, el 56% la consulta popular y el 53% la iniciativa popular. 

Aunque el voto es el mecanismo más utilizado por los encuestados, con el 93% de referencia y el de mayor conocimiento con el 83%, este no es el mejor apreciado en cuanto a su eficacia, ya que obtuvo una valoración del 60%. 

En esta encuesta se analizaron los mecanismos de participación no convencional tales como las Juntas de Acción Comunal, la tutela, el derecho de petición, las veedurías ciudadanas, las juntas de vecinos de propiedad horizontal y las acciones populares y de grupo. Dentro de este, se encontró que los mecanismos de mayor conocimiento son las Juntas de Acción Comunal con un 69%, la tutela con un 67% y el derecho de petición con un 56%. Con relación al uso de estos, el 44% ha utilizado las Juntas de Acción Comunal, el 41% los derechos de petición y el 31% la tutela. En cuanto a la eficacia de dichos mecanismos, se encontró que el 78% de los encuestados referenciaban que las Juntas de Acción Comunal eran las más efectivas con un 78%, al igual que la tutela, el derecho de petición y las juntas de vecinos de propiedad horizontal, con un 75% cada una.(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018)

Es importante recalcar que la participación en los asuntos públicos no sólo permite proteger y defender los propios intereses de los individuos, sino que también potencializa el desarrollo intelectual y moral, pues, la actividad política le brinda al ciudadano la oportunidad de ejercer sus derechos y obligaciones a cabalidad, en tanto que la participación genera que el ciudadano aprenda más sobre sus propios intereses y genere un mejor entendimiento de las necesidades del otro (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018).

Como se señaló  la participación ciudadana es un pilar fundamental para la democracia en una sociedad, pero está también acarrea ciertos retos entre ellos garantizar la seguridad y protección a los individuos, específicamente a los  actores sociales que llevan a cabo una labor en pro de los intereses generales de su comunidad, además de la defensoría de los derechos humanos en su entorno y el fomento de la participación por parte de las personas pertenecientes a su colectividad.

Sin embargo aunque debería garantizarse la seguridad y protección de estos actores sociales, existe en el Estado varias falencias respecto a esto ya que no es reconocida la sistematicidad de los asesinatos a líderes sociales en el territorio nacional, lo que hace que   aumente la desconfianza hacia el Estado como institución garante de derechos relacionados con la vida política de los ciudadanos, lo que genera un cuestionamiento por parte de estos  sobre si la participación y la consagración de una vida política pueda acarrear este tipo de riesgos, ocasionando los índices actuales de participación que tienden a ser bajos.

Como se venía señalando con el paso del tiempo en el territorio nacional se han presentado de manera continua un gran número de asesinatos a líderes sociales, desde la suscripción del acuerdo de paz por parte del Gobierno con las FARC-EP -en el año 2016- hasta mediados del mandato de Duque -año de 2020-. Con cifras alarmantes en departamentos como Cauca, Antioquia y Nariño ( Ver tabla 3)

Tabla 3. Homicidios a personas líderes sociales y defensores de los derechos humanos desde la firma del acuerdo de paz . 

A pesar de que existen falencias por parte del Estado el gobierno intenta remediar un poco los hechos  empleando  estrategias tales  como consejos de seguridad por territorios no es suficiente, pues los índices de homicidios siguen estando presentes, aunque fue notoria la disminución entre el año 2019 a 2020.   

Las problemáticas relacionadas tanto a los crímenes de lesa humanidad como a la participación ciudadana, se ven reflejadas en numerosos estudios sobre la cultura política, ya que esta puede revelar impresiones de la ciudadanía respecto al panorama democrático. Los hechos históricos tanto nacionales como internacionales dan cuenta de la importancia de la cultura política en Estados democráticos.

Antes de la Constitución Política de 1991 la cultura política era inexistente, ya que debido al dominante poder oligárquico y a la exclusión de las mayorías obreras, era imposible que existiera una verdadera democracia. Luego de haber sido declarada, la constitución del 91 trajo múltiples beneficios relacionados a la cultura política, ya que con la creación de novedosos mecanismos de participación ciudadana y el surgimiento de nuevas instituciones encargadas de velar por el bienestar de los ciudadanos (v.gr. la defensoría del pueblo), se han podido mejorar las cifras en términos de cultura política, sin embargo, aún falta mucho por alcanzar. 

Una de las grandes razones por las que las cifras sobre cultura política son muy variables (como se evidenciará a continuación), es porque el concepto per se contiene cierta complejidad al no ser algo establecido. La cultura política, aunque esté en permanente construcción, abarca más cosas de las que se creen cotidianamente. La cultura política es multidimensional, puesto que abarca cinco categorías según Cárdenas (2012): “Representación y participación política, Hábitos de comunicación política, Legitimidad Institucional, Percepción sobre asuntos públicos e Imaginarios y valores.”(p. 403)

Para sintetizar todo lo que abarca la cultura política en un párrafo, Henao & Álvarez (2015) afirman que: 

la cultura política se construye en los procesos sociales que inciden en el sujeto y los grupos, dependiendo del momento histórico, el tipo de relaciones políticas que se establezcan en una sociedad, la orientación de la socialización en el sistema político, es decir, a partir de las prácticas y concepciones en torno a la sociedad y el Estado, donde los sujetos asumen las formas de relaciones de poder, de participación y de organización, como también las maneras de afrontar el conflicto socio-político.

En una sociedad democrática, es imperante la participación y el involucramiento de todos los actores sociales de manera indirecta o directa, dando como resultado una tendencia positiva respecto al interés de los ciudadanos en la política. Sin embargo, en Colombia todavía estas cifras demuestran lo contrario.

Gráfica 1. Interés por la política en Colombia

Como se puede apreciar, más del 38% de la población tienen poco o nulo interés respecto a la política, cuestión que la cultura política debería solucionar. Además, el 31% está medianamente interesado en política y sólo el 27% está totalmente interesado, lo cual no quiere decir que de facto este mismo porcentaje de la población esté participando activamente en la política. 

Gráfica 2. Participación en Política.

                                        

Como se puede apreciar en el anterior dato estadístico, el 68% no participa en política mientras que el 31% si lo hace. Esto va determinando que, por más acciones que se hayan hecho para promulgar la participación y la educación política, falta más disposición por parte de la ciudadanía, ya que todo el conglomerado histórico y estadístico ha demostrado que al Estado pareciera no interesarle el que sus ciudadanos se eduquen políticamente.

Como se dijo anteriormente, una parte de la cultura política se determina de acuerdo al grado de confiabilidad de los ciudadanos respecto a las instituciones del Estado, por lo que las siguientes cifras pueden determinar el nivel de estabilidad que hay en la relación entre la ciudadanía y el Estado en representación de esta.

Las cifras de Cárdenas (2012), demuestran claramente la percepción que tiene la ciudadanía sobre la política. Esto nos puede dar una noción acerca del porqué abstenerse de participar en política o interesarse en ella. 

Gráfica 3. Imaginario de la política 

Esta gráfica muestra que el 33% de la población asocia la política con la corrupción y el 18% simplemente no sabe con que asociarla. Por otra parte, un acumulado de aproximadamente el 20% asocia el término de política con otros conceptos negativos tales como el negocio, la injusticia y la maldad.

Por último y para concluir esta parte, es menester mostrar las últimas estadísticas que confirman la degradación continua en la relación Estado-Ciudadano. Estos datos corresponden al nivel de confianza en las instituciones del Estado por parte de la población.

Gráfico 4. Nivel de confianza Institucional

Esta gráfica está dada bajo una escala de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. El promedio de confianza institucional en todas las instituciones registradas es de 3.0, siendo la iglesia con 3.6 la que más confianza tiene y los partidos políticos con 2.4 los que menos dan confianza a la ciudadanía con su forma de acción política.

Terminado este recorrido estadístico en términos de crecimiento económico, participación ciudadana, la inseguridad que sufren los participantes de la política y cultura política, se puede afirmar que, si bien la Constitución Política 1991 impulsó la democracia participativa, la protección de los líderes sociales y la educación política, no se han logrado en lo absoluto los objetivos que fueron planteados en la carta magna para llegar a la democracia participativa.

Anteriormente, demostramos con cifras y hechos históricos, la situación socio-económica del país y las consecuencias que esto ha tenido frente a la participación ciudadana. Así, la miseria absoluta en la que vive gran parte de la población ha influido directamente en los niveles de participación social, determinada en gran medida por líderes sociales quienes han sido asesinados de manera sistemática en las regiones -aledañas y metropolitanas- de nuestro país. Finalmente, la cultura política, determinada por el imaginario político, el interés por la política y los niveles de confianza institucional, demuestran que a pesar de que vivimos en una situación execrable, la población ha tratado de ser optimista. Está hundida la vaina ¿Hay algo por hacer? En esta tercera y última parte, presentamos algunas de las soluciones surgidas a través de las discusiones entabladas en clase, sin embargo, hemos de advertir que algunas son contrarias y disímiles por los puntos de vista sustentados. Algunas de la alternativas para fortalecer la participación ciudadana son: Reformas y creación de instituciones. Crear nuevas instituciones o renovar las ya existentes. Lo primero que debemos hacer es revisar las instituciones actuales, ver sus funciones y deberes y evaluar su cumplimiento o incumplimiento, para de esta manera decidir entre dos caminos, una reforma a la institución ya existente o la creación de una nueva. La renovación o creación de instituciones sería un trabajo largo y tedioso, el asentamiento de valores y normas tomaría tiempo y recursos, sin embargo, si queremos lograr un cambio a nivel estructural es la única manera de hacerlo sin recurrir a la violencia. Por nuestra parte, pensamos en una institución que desde el Estado podrían fomentar la participación ciudadana: El Instituto Colombiano de Participación ciudadana y Cultura Política (ICPC), el cual sería un órgano adjunto al Ministerio Público con presupuesto garantizado y que se encargaría de llevar la educación política al país, comenzando desde las periferias hasta las urbes, enseñando todos los mecanismos de participación ciudadana e incentivando la creación de “comunidades políticas” con el fin de ejercer el control y la vigilancia de la gestión pública de sus gobernantes. El hacer parte del Ministerio Público, conlleva a la protección automática de los derechos humanos y la seguridad de los actores dentro de una comunidad con mayor participación como en el caso de los líderes sociales. El Instituto creará comisiones organizativas locales que integren a su vez miembros de la defensoría del pueblo y de la procuraduría general de la Nación para generar un proceso integral que proporcione educación política, seguridad y vigilancia a los territorios.

Podría suponerse, que debería ser el ministerio del interior el que debería encargarse de esto debido a que está dentro de sus funciones. Además, el ministerio del interior es un órgano que forma parte de la rama ejecutiva, y por tal está al mando del presidente o gobierno de turno. Lo que sometería al instituto al capricho de quienes ostenten el poder, y no algo garantizado sin importar el sector político que haya tomado el poder a nivel nacional o local.

Por su parte, el ministerio público, como órgano autónomo que tiene como misión: “Prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; representar a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la recta y efectiva administración de justicia”, en ese sentido, proteger los derechos implica brindarles las herramientas a los ciudadanos para que tomen acción. No solo eso, además es misión del ministerio público proteger los intereses públicos tutelados por la ley, lo que facilita su tarea al instituto ya que su función estaría en capacitar a las comunidades para que tomen cartas en los asuntos de sus propias comunidades o localidades. No obstante, para que las labores conjuntas del Ministerio Público sean más eficaces y cumplan con el fin propuesto, es necesario hacer reformas en las Instituciones ya existentes. Por ejemplo, el defensor del pueblo debería ser elegido por votación popular en cada una de las regiones para garantizar la protección de los derechos humanos sin la intervención ideológica, ya que siendo elegido por una corporación política como el senado, no se lograría a cabalidad el objetivo del ministerio público. Los candidatos deben ser conocedores en derechos fundamentales, humanos y colectivos, y que no tengan ningún tipo de relación con algún movimiento o partido político, sino que al contrario sean personas reconocidas por sus labores sociales y comunitarias. Los líderes sociales podrían ser los principales candidatos. Teniendo en cuenta que el Instituto propuesto fue enfocado para educar a la ciudadanía que ya hace uso, es necesario fortalecer los espacios de enseñanza en los colegios de todo el país, centrándose en la formación de ciudadanos activos y comprometidos con la realidad de sus comunidades. Este punto de la educación es esencial, ya que cualquier intento de establecer una institución implica la aceptación de ciertas normas y valores de conducta, lo que solo puede lograrse educando a los niños y niñas y a los jóvenes en el ejercicio de la ciudadanía libre.

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